Entran por delitos menores a prisión; salen convertidos en criminales. Países de América Latina comparten en un programa europeo alternativas para evitar que los jóvenes caigan en esas redes.

A los nueve años, para salvarse de las palizas de su padre, Daniel entró a una pandilla en El Salvador. Antonio también entró muy joven: para ser escuchado y que lo respetaran en la calle. De eso hace dos décadas, de las cuales han pasado en prisión bastante tiempo. Para uno de ellos, el punto de inflexión llegó cuando mataron a su madre y a su hermano.

Entretanto, amparados por la organización Factoría Ciudadana, estos dos ex convictos han podido prepararse laboralmente y reinsertarse en la sociedad. Su testimonio, como el de muchos otros jóvenes de América Latina, es ahora de especial valor para El PAcCTO (Europa-Latinoamérica / Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado).

Este programa está desarrollando -en asociación entre la UE y varios países latinoamericanos- «un enfoque en el que se escuche también las experiencias de los que se involucraron en la criminalidad por estrategia de supervivencia”, explica a DW Claudia Gatti, especialista de IILA (Organización Internacional Italo-Latinoamericana), componente de sistemas penitenciarios de EL PAcCTO.

Algunas cifras

Las cifras son alarmantes: según datos de Save The Children de 2018, cada hora, tres adolescentes mueren por homicidio en América Latina y el Caribe. Es la única región en la que la tasa de homicidio adolescente ha aumentado desde 2007. Como comparación: esta cifra es tres veces mayor que la del África Occidental y Central, la siguiente en la lista.

«Por eso, en nuestro trabajo con los actores de los sistemas penitenciarios, de justicia y de seguridad queremos enfocarnos hacia los jóvenes como actores de cambio”, puntualiza Gatti.

Se trata de luchar contra el crimen transnacional: narcotráfico, trata de personas, contrabando, crímenes medioambientales. Al respecto, otras cifras: de la cocaína que se consume en Europa, el 60% proviene de Colombia, el 20% de Perú y el 10% de Bolivia. Por otro lado, desde que comenzó la crisis del COVID-19, el número de víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral no ha hecho más que aumentar.

Los menores, más lucrativos

«Trabajamos en la investigación de las organizaciones criminales que se mueven en base a pirámides para captar víctimas, generalmente menores. Éstas son trasladadas. Tenemos rutas internas en Bolivia y también rutas externas hacia otros países para su explotación sexual o laboral”, explica a DW Pilar Díaz, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil de Bolivia.

«Nos enfocamos en los jóvenes y los niños, porque son los más lucrativos para los trabajos para los que los requieren. Y si bien el Ministerio Público aún no hace trabajo de prevención, nosotros alertamos de los casos para que otras entidades comiencen a trabajar con los menores para evitar su captación y ofrecerles alternativas, formación”, añade la fiscal boliviana.

Cárceles hacinadas

Si la prevención es un elemento fundamental de este nuevo enfoque, lo es también el tratamiento de estos jóvenes cuando de cumplir penas se trata. «Promovemos un tratamiento diferenciado para jóvenes y adolescentes, proponiendo medidas alternativas a la privación de libertad. Muchas veces las cárceles se vuelven escuelas del crimen. Si un joven que entra a los 14 años por un delito menor, en vez de recibir tratamiento que logre reinsertarlo a la sociedad, se encuentra compartiendo malas prácticas con personas mayores con más experiencia, saldrá de la cárcel siendo un criminal”, afirma Gatti. La especialista resalta el hacimiento en los penales, un fenómeno generalizado y grave en América Latina.

Por último, claro queda que si las redes transnacionales de narcotráfico o trata se cobran vidas sobre todo en América Latina, son los mercados europeos los que permiten que el crimen sea rentable. También desde el enfoque de la prevención, Gatti responde: «Estamos sensibilizando a las instituciones y a la sociedad civil para matizar ese enfoque de `mano dura´ que ha llevado al hacinamiento de las cárceles y que ha tenido bastante eco en varios países. También involucramos a actores que puedan trabajar con la opinión pública en Europa. Aquí es fundamental que se deje claro que cada consumo de droga o servicios sexuales afecta cuerpos vulnerables en América Latina”.

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