El Gobierno de Ecuador, agobiado por la inseguridad ciudadana, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y blindó a la fuerza pública (policías y militares) para que ejerza las acciones contra la delincuencia.

El Presidente Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción por sesenta días ante lo que consideró “grave conmoción interna” debido al “aumento de la actividad delictiva”, especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen.

En provincias como El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y Sucumbíos (fronteriza con Colombia) se dispuso la movilización de militares para complementar las acciones policiales.

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