Se cumple el primer año de funciones del periodo legislativo 2021-2025. Las pugnas internas y de poderes han sido la tónica de estos meses.

Una asambleísta destituida por acusaciones de corrupción, cinco asambleístas renunciantes alegando ingobernabilidad del Legislativo, y una creciente ola de expulsiones y desafiliaciones han marcado la agenda del primer año de la actual Asamblea Nacional.

La crisis se acentúo con el inicio de una campaña en el Legislativo para destituir a la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, proceso que sigue en pie a través del trabajo de una comisión evaluadora que procesa una denuncia contra Llori por supuesto incumplimiento de funciones.

Pero este período nació con tensiones. El 14 de mayo de 2021, horas antes de escoger a la primera autoridad de la Asamblea, se rompió un pacto que establecieron varias bancadas políticas en pro de la gobernabilidad legislativa.

El pacto señalaba a Henry Kronfle (PSC) como presidente de la Asamblea Nacional, pero momentos antes de iniciar la primera sesión del Pleno, el oficialismo se alejó del PSC y se alió con Pachakutik y la Izquierda Democrática. Así se lograron 71 votos que pusieron a Guadalupe Llori frente al Parlamento.

Y desde el primer día, la Asamblea no ha sabido subsanar las tensiones, a las que las bancadas no han sido inmunes.

Pachakutik ha perdido a nueve de sus asambleístas, quienes se han declarado “rebeldes”, reduciéndose la bancada de 27 a 18 curules.

Izquierda Democrática ha pasado por un proceso similar. Inicio este período legislativo con 18 asambleístas, de los cuales 8 han sido separados por distintas razones disciplinarias. Actualmente solo cuenta con 10 votos.

El PSC ha perdido a cuatro de sus asambleístas, con lo que ese bloque ahora cuenta con 14 miembros. Por su parte, UNES (correísmo) perdió a 2 asambleístas. Aun así, esa bancada se mantiene como la primera fuerza política legislativa con 47 asambleístas.

Esto ha movido el tablero político poniendo a los 22 independientes como el segundo grupo más numeroso dentro del Pleno, solo por debajo de UNES. Esta dinámica es la que marcará lo que sucederá en la Asamblea Nacional en las semanas y meses siguientes.

De acuerdo con la Secretaria de Comunicación de la Asamblea Nacional, se han registrado 123 sesiones del Pleno y se han gestionado 28 proyectos de ley, de los cuales 24 ya se encuentran en el Registro Oficial. También se contabilizan 60 resoluciones y 12 acuerdos.

Esto es cuestionado por el Observatorio Legislativo, organización civil que en su informe anual registra solo 14 proyectos aprobados, de los cuales, 13 son herencia del periodo anterior. La diferencia con los 28 que contabiliza la Asamblea Nacional es que solo 14 han sido aprobados en segundo debate; el resto ha sido parte de resoluciones u objeciones del Ejecutivo, que es un trámite posterior a la aprobación.

De acuerdo con el informe de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), segundo órgano más importante después del Pleno, tuvo 93 sesiones y calificó 169 proyectos. Mientras que las comisiones especializadas permanentes realizaron 1.377 sesiones.

Sin embargo, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, en la presentación del informe puso énfasis en que según la normativa, el CAL tiene 60 días para calificar y hubo proyectos que esperaron alrededor de 100 días para ser tramitados; pero que de esto no se habla porque -señala- a pesar de todo, (y a pesar de las pugnas) dentro del Legislativo existe “un espíritu de cuerpo”.

Este año hubo 15 pedidos de juicio político y tres autoridades destituidas: Freddy Carrión como Defensor del Pueblo; Víctor Anchundia, superintendente de Compañías y Ruth Arregui, superintendenta de Bancos.

Mientras que Pablo Celi, excontralor subrogante, y René Ortiz, exministro de Energía, fueron censurados.

Están pendientes los juicios políticos a los Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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