Las políticas de algunos Gobiernos de Latinoamérica han favorecido el sector de la minería en detrimento de las comunidades en que se localizan los proyectos mineros.

El informe “Sin tregua”, elaborado por la Coalición contra la Pandemia Minera, integrada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y activistas opuestos a la minería a gran escala, analiza la situación en nueve países desde el comienzo de la covid-19: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú.

En la mayoría de esos países, la minería fue declarada al inicio de la pandemia una actividad esencial y, por tanto, el sector quedó blindado frente a las limitaciones impuestas para contener la covid-19.

De hecho, el informe concluye que las empresas mineras se han fortalecido durante la pandemia gracias a un trato de favor por parte de los Gobiernos “con la desregulación de actividades y ajustes administrativos, lo que ha facilitado el avance de los proyectos mineros”

El documento cita el caso de la mina Cobre Panamá, propiedad de la firma canadiense First Quantum Minerals, que en un principio estuvo exenta de las restricciones adoptadas en marzo de 2020, aunque semanas después las autoridades le pidieron que suspendiera su actividad por la aparición de casos de covid entre sus trabajadores.

La empresa afirma que acató la orden entre abril y julio de ese año, pero el estudio recoge las denuncias de sus empleados de que las operaciones continuaron, pese a la muerte de cinco trabajadores a consecuencia del coronavirus.

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